Raúl Uría: 20 meses preso sin pruebas, acusado por el gobierno de Luis Arce

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La Paz, 10 de mayo, (Yungas Nticias).- Raúl Uría, presidente de la Juventud Yungueña, lleva 20 meses detenido preventivamente en la cárcel de San Pedro. Las acusaciones en su contra por tráfico ilícito de armas son infundadas y basadas en un informe de «inteligencia» con conjeturas, sin ninguna prueba real. A pesar de la falta de evidencia, la fiscalía y el juez, con un prontuario cuestionable, se han negado a liberarlo.

Un proceso plagado de irregularidades

La detención de Uría se produjo el 15 de septiembre de 2022, mientras se dirigía a Trinidad. Desde entonces, ha estado recluido en San Pedro, pasando por celdas de aislamiento y áreas de castigo como «Cocina», donde se somete a los internos a condiciones inhumanas.

La fiscalía, a cargo de Martha López, ha sostenido las acusaciones contra Uría a pesar de la falta de pruebas. Incluso, le ha ofrecido la posibilidad de un «procedimiento abreviado», es decir, aceptar una culpa inexistente a cambio de una pena reducida. Uría se ha negado rotundamente a esta oferta, pues considera que es una forma de silenciarlo y hacerlo admitir un delito que no cometió.

Un juez al servicio del gobierno

El juez a cargo del caso, Marco Antonio Amaru Flores, ha actuado en favor del gobierno de Luis Arce, ignorando la falta de pruebas y extendiendo la detención preventiva de Uría en varias ocasiones. Amaru Flores tiene un historial cuestionable, incluyendo denuncias por favorecer a delincuentes e incluso fue aprehendido por otorgar libertad a sentenciados por asesinato.

Amenazas y ofertas para quebrar su voluntad

Uría ha denunciado que ha sido presionado por un emisario del Ministerio de Gobierno para que acepte el «procedimiento abreviado». Le han ofrecido trabajo, carnets de comercialización de coca e incluso le han amenazado con 15 años de cárcel si no acepta la oferta. A pesar de las presiones, Uría se ha mantenido firme en su decisión de no admitir un delito que no ha cometido.

Un caso que refleja la persecución política

El caso de Raúl Uría es un claro ejemplo de la persecución política que ejerce el gobierno de Luis Arce contra los disidentes. La falta de pruebas, las irregularidades en el proceso y las presiones a las que ha sido sometido Uría son una muestra de la falta de independencia del sistema judicial boliviano.

Uría espera justicia en su celda

Raúl Uría continúa recluido en la cárcel de San Pedro, a la espera de un juicio justo. A pesar de las adversidades, mantiene la esperanza de que la verdad prevalezca y que sea liberado de las acusaciones infundadas que pesan sobre él. Su caso es un llamado de atención sobre la situación actual de los derechos humanos en Bolivia, donde la justicia se ve manchada por intereses políticos.

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