La CIDH solicita un informe sobre César Apaza, mientras que el Gobierno argumenta que su estado de salud no se encuentra en peligro

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La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha solicitado información sobre la situación de César Apaza, exdirigente del comité de autodefensa de la Asociación Departamental de Productores de Coca (Adepcoca). En respuesta, el Gobierno ha argumentado que el estado de salud de Apaza no se encuentra en peligro.

La abogada de Apaza, Evelyn Cossío, ha informado que se ha otorgado un plazo de cinco días para presentar información adicional sobre la salud del dirigente, después de que las autoridades penitenciarias no cumplieran con brindar atención médica en la cárcel, lo que llevó a la intervención de la CIDH.

Según un informe presentado por la Procuraduría General del Estado a la CIDH en mayo, se sostiene que no existe una amenaza inminente para la salud de Apaza y que los médicos han actuado de manera oportuna para brindar atención médica. Además, se alega que Apaza se niega a recibir tratamiento y a proporcionar información sobre su estado de salud.

Apaza ha estado recluido desde septiembre de 2022, cuando los cocaleros cerraron un mercado paralelo en Villa El Carmen. Durante su detención, sufrió una embolia y fue trasladado al hospital, pero luego regresó a la reclusión sin mejorías.

El abogado Jorge Valda de la Global Human Rights League ha señalado que el Gobierno ha presentado información falsa en su informe, como afirmar que Apaza enfrenta solo un proceso penal, cuando en realidad se enfrenta a una segunda imputación por presuntamente agredir a una mujer policía. Valda también ha cuestionado la veracidad de otras afirmaciones del Gobierno.

En respuesta a esta situación, se espera que se lleve a cabo una audiencia ante la CIDH en las próximas semanas para evaluar la situación de Apaza y considerar la posibilidad de otorgar medidas cautelares para su protección.

A pesar de un informe de la Defensoría del Pueblo que concluyó que Apaza sufrió trato cruel y degradante por parte de la policía, la dirección de régimen penitenciario decidió trasladarlo a la cárcel de San Pedro. Sin embargo, los esfuerzos de la defensa legal de Apaza para cambiar su lugar de reclusión han sido rechazados.

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