Defensoría del Pueblo recomienda investigación sobre aprehensión y encarcelamiento del dirigente cocalero César Apaza

  • La resolución notificada insta a la Fiscalía a investigar denuncias de tortura y violaciones a la integridad del líder sindical.

Viernes, 19 de mayo, (Yungas Noticias).- La Defensoría del Pueblo emitió una resolución este viernes en la que recomienda a la Fiscalía llevar a cabo una investigación exhaustiva sobre la aprehensión y encarcelamiento de César Apaza, dirigente de los cocaleros. Apaza, quien en su momento denunció haber sido torturado, fue detenido en septiembre de 2022 en un operativo realizado durante la madrugada en la zona de Villa Fátima.

La resolución, notificada por Juan Ledezma, jefe del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura de la Defensoría del Pueblo, establece la necesidad de esclarecer los hechos y determinar posibles violaciones a la integridad física y mental del dirigente cocalero. «Vamos a pedir hoy mismo a la Fiscalía que se abra esta investigación, y esta instancia competente es la que va a determinar los plazos y cómo va a proceder», afirmó Ledezma.

Tras su aprehensión, César Apaza fue trasladado a la cárcel de Chonchocoro, a pesar de que el juez había ordenado su reclusión en el centro penitenciario de San Pedro. Durante su estancia en dicha prisión, la salud de Apaza se deterioró, llegando a sufrir una aparente embolia que requirió su hospitalización.

Además de investigar los detalles de la aprehensión, la resolución de la Defensoría del Pueblo también insta a indagar sobre las condiciones de detención del dirigente en la cárcel de Chonchocoro. La notificación de esta resolución se está llevando a cabo tanto ante la Policía como ante la Fiscalía y la Dirección de Régimen Penitenciario.

Cabe mencionar que César Apaza enfrenta acusaciones por su presunta participación en la toma del mercado de coca paralelo de Villa El Carmen. Este hecho condujo a la detención y encarcelamiento de varios dirigentes yungueños opositores al Gobierno. La investigación solicitada por la Defensoría del Pueblo busca esclarecer las circunstancias en las que se produjo la aprehensión de Apaza, así como las presuntas violaciones a sus derechos fundamentales durante su reclusión.