Falta de firmas y sellos paralizan el proceso de libertad de Raúl Uría
- «Demoras Burocráticas Retrasan la Libertad del Exdirigente de la Juventud Yungueña»
Han pasado 19 días desde que la Sala Penal Tercera determinó dejar sin efecto una fianza impagable, permitiendo que el exdirigente de la Juventud Yungueña, Raúl Uría, pudiera salir del penal de San Pedro para defenderse en libertad. Sin embargo, hasta la fecha, la resolución no ha llegado al tribunal donde radica su causa, impidiendo que esta se haga efectiva.
La defensa de Uría ha denunciado que el proceso no avanza debido a temas burocráticos, como la falta de firmas y sellos de la Sala Penal y el retraso en las subsanaciones que debe realizar el Juzgado Primero de Instrucción en lo Penal de El Alto, presidido por el juez Marco Antonio Amaru.
“El problema es la demora procesal, ya que la audiencia se llevó de manera inmediata porque se trata de un detenido preventivo, pero aún no ha vuelto el expediente de Salas a su juzgado (Sexto de Sentencia), no ha salido la resolución de salas”, afirmó la defensa de Uría.
Se indicó que el pasado viernes el documento fue devuelto en tres oportunidades por tener observaciones. Lo último que se sabe es que falta la segunda firma para que la resolución pueda ser enviada al Tribunal Sexto de Sentencia.
El 6 de junio, en una audiencia de apelación, la Sala Penal Tercera decidió dejar sin efecto la fianza de 250.000 bolivianos para Raúl Uría, permitiéndole realizar los trámites necesarios para defenderse en libertad. No obstante, hasta la fecha, no se ha emitido la resolución.
“En la audiencia de apelación se resolvió rechazar el pedido de que permanezca privado de libertad de forma indefinida, solicitud hecha por el Ministerio Público y el Ministerio de Gobierno. Nuestra apelación dejó sin efecto la fianza abusiva de 250.000 bolivianos. Raúl Uría podrá defenderse en libertad y muy pronto podrá volver a casa”, dijo su abogado, Jorge Valda.
Raúl Uría fue aprehendido la madrugada del 15 de septiembre de 2022 por un grupo de policías, entre civiles y uniformados, cuando se dirigía en un vehículo de transporte público a Trinidad. Desde entonces, ha pasado más de 21 meses privado de libertad en el penal de San Pedro de La Paz, acusado del delito de tenencia, porte o portación ilícita de armas, cargo que nunca se le ha probado.
El Tribunal Sexto de Sentencia, donde ahora radica la causa, espera recibir la resolución subsanada y sin errores, la cual ha sido devuelta en tres oportunidades por faltarle elementos esenciales. La Defensoría del Pueblo ha interpuesto sus buenos oficios, sin embargo, la resolución aún no ha sido emitida y enviada al Tribunal Sexto de Sentencia.