Sin medios de comunicación, No hay Democracia: La lucha contra la censura y por la Libertad de Expresión

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Defendiendo la Libertad de Expresión: Un grito contra la restricción

En la actualidad, nos encontramos en un momento crucial para nuestra sociedad. La libertad de expresión, un pilar fundamental de cualquier democracia, está siendo amenazada de manera preocupante.

En un país que ha luchado arduamente por defender sus derechos y su voz, es inaceptable que seamos testigos de actos que buscan acallarla.

La marcha de los cocaleros de los Yungas, convocada para este lunes, 28 de agosto en la ciudad de La Paz, refleja la creciente preocupación por la restricción de la libertad de expresión.

La Autoridad de Regulación y Fiscalización de Telecomunicaciones y Transportes (ATT) ha tomado la decisión controvertida de confiscar equipos de transmisión de radios comunitarias y emisoras legales. Esta acción, que parece selectiva y sesgada, socava los principios democráticos que deberían proteger la diversidad de voces en nuestro país.

Esto plantea serias dudas sobre la igualdad de trato y el respeto a los derechos de todos los ciudadanos, sin importar su afiliación política.

La Constitución Política del Estado de Bolivia es clara en su defensa de la libertad de expresión y el derecho a la información.

El artículo 106 garantiza la libertad de expresión, opinión e información sin censura previa. Además, la creación de medios de comunicación comunitarios debe ser apoyada en igualdad de condiciones y oportunidades. Asimismo, el artículo 21 asegura el derecho a la libertad de reunión y asociación con fines lícitos.

Las normas internacionales también respaldan estos derechos. La Convención Americana sobre Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos reafirman el derecho a la reunión pacífica y la asociación libre, reconociendo que las restricciones solo pueden imponerse en circunstancias específicas y bajo el amparo de la ley.

En este contexto, es alarmante observar cómo ADEPCOCA, en un giro sorprendente, parece estar poniendo los intereses gubernamentales por encima de los cocaleros a la que representa.

Defender la «marcha pacífica» y oponerse a la manifestación legítima de preocupaciones ciudadanas contradice los valores democráticos que deberían estar en el corazón de cualquier organización comprometida con los derechos humanos.

Esta situación debe servir como un llamado a la reflexión y a la acción. La libertad de expresión no es un privilegio otorgado selectivamente; es un derecho inalienable de todos los ciudadanos.

La voz de los Yungas debe ser respetada y protegida, sin importar su afiliación política. El gobierno tiene la responsabilidad de garantizar que todos los medios de comunicación, sin excepción, tengan igualdad de condiciones y oportunidades para operar.

Los cocaleros de los Yungas han alzado su voz por un motivo: para asegurar que su libertad de expresión y su capacidad para participar en la vida democrática de su país no sean coartadas.

Todos debemos unirnos en apoyo a esta causa, recordando que la libertad de expresión es un reflejo directo de nuestra capacidad de ser una sociedad justa y democrática.

Por Armin Lluta
Expresidente de ADEPCOCA

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