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Ministerio de Gobierno busca revocar detención domiciliaria de Raúl Uría por falta de pago de fianza de 100 mil bolivianos

  • Abogado denuncia persecución y criterio irracional en el caso de detención de dirigente de la Juventud Yungueña
  • La lucha por justicia y equidad se intensifica mientras el dirigente enfrenta obstáculos financieros en su proceso judicial.

En el caso del dirigente de la Juventud Yungueña, Raúl Uría, el abogado Jorge Valda ha revelado que el Ministerio de Gobierno ha solicitado la revocación de la detención domiciliaria de Uría, argumentando la falta de cumplimiento en el pago de una fianza de 100.000 bolivianos.

Esta movida legal ha generado críticas, ya que se alega que detrás de esta solicitud se esconde un enfoque irracional que afecta a las personas de escasos recursos.

La situación de Uría es emblemática en este contexto. Lleva casi tres meses tratando de cumplir con una fianza que se considera inalcanzable, compuesta por 50.000 bolivianos en una suma económica y otros 50.000 bolivianos en forma de garantía real.

Esto totaliza la cifra asombrosa de 100.000 bolivianos, que ha resultado ser un obstáculo insuperable para Uría. Las voces críticas se levantan alrededor de esta realidad, señalando que este tipo de requisitos financieros excluye a las personas de bajos ingresos y perpetúa desigualdades en el sistema de justicia.

El drama legal se complica aún más con la intervención de la vocal Magaly Vargas, quien inicialmente rechazó la apelación del Ministerio de Gobierno para que Uría permanezca en detención preventiva.

Sin embargo, su respuesta a la apelación presentada por el propio Uría, en la que se solicitaba una modificación de la fianza acorde a su situación económica, ha estado en suspenso.

Esta incertidumbre ha dejado una sombra de duda sobre el proceso y ha dado paso a la actual solicitud de mantener a Uría tras las rejas.

Jorge Valda, el abogado defensor, ha sido claro en su crítica al Ministerio de Gobierno, acusándolo de sostener un criterio irracional que termina perjudicando a las personas menos privilegiadas. Valda argumenta que la falta de recursos económicos de Uría no debería ser motivo suficiente para privarlo de su libertad. En sus propias palabras, “merecer estar preso” no debería estar ligado a la capacidad de pagar una fianza.

El caso de Uría toma aún más relevancia considerando que lleva cerca de un año bajo detención preventiva, sin que se presente una prueba contundente en su contra por el delito de tráfico de armas que se le imputa. Valda alega que esta situación es el resultado de un montaje del Ministerio de Gobierno, que utiliza información de inteligencia sin identificación para construir su caso.

La injusticia de este proceso se hace más evidente al considerar la ausencia de evidencias reales que respalden la acusación. Valda señala que es incomprensible que Uría esté detenido por un supuesto delito de tráfico de armas cuando no se ha encontrado ninguna prueba material que lo vincule a tal actividad. La sombra de duda sobre la validez de las pruebas presentadas ha dejado un manto de escepticismo sobre la legitimidad del caso.

La solicitud de revocar la detención domiciliaria de Uría no solo arroja luz sobre las deficiencias del sistema judicial en cuanto a igualdad de condiciones, sino que también resalta las duras condiciones que enfrentan aquellos que están detenidos preventivamente. Valda destaca que la vida de Uría en prisión tiene un costo humano y emocional elevado, además de un riesgo constante para su integridad.

En un esfuerzo por nivelar el terreno y buscar justicia real, Valda y el equipo de defensa de Uría han solicitado un cambio en los requisitos necesarios para acceder a la detención domiciliaria. A pesar de su insistencia, hasta el momento no han recibido respuesta alguna. Este capítulo en el proceso legal de Raúl Uría sigue en desarrollo, representando un desafío crucial en la lucha por una justicia equitativa y accesible para todos.

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