Defensoría del Pueblo solicita procesar a fiscal por presunta tortura a dirigente cocalero César Apaza
- Informe de la Defensoría concluye que el dirigente César Apaza sufrió «trato cruel y degradante» durante su aprehensión
Jueves, 01 de junio, (Yungas Noticias).- La Defensoría del Pueblo ha emitido un informe en el que concluye que el dirigente cocalero César Apaza sufrió un «trato cruel y degradante» durante su aprehensión el 22 de septiembre de 2022.
La entidad estatal ha solicitado que se procese al fiscal encargado del caso debido a su presunta omisión en la investigación de las acusaciones de tortura.
Según la Resolución Defensorial DP/SSP/RD/2023/02 emitida el 11 de mayo, se señala que las lesiones sufridas por Julio Cesar Apaza Tintaya son resultado de la intervención policial durante su aprehensión, traslado y permanencia en las instalaciones de la Felcc de La Paz.
El informe afirma que estos hechos constituyen elementos de trato cruel y degradante, tanto según la normativa nacional como internacional.
El documento de la Defensoría del Pueblo indica que los agentes policiales infligieron «de manera intencional» dolor físico a Apaza con el propósito de aprehenderlo sin informarle previamente los motivos de su detención ni utilizar medios persuasivos que no involucraran violencia.
El informe también advierte que los malos tratos sufridos por César Apaza podrían configurar un caso de tortura si la investigación, en particular la aplicación del Protocolo de Estambul y las pericias psicológicas, aportan elementos adicionales para determinar la gravedad o severidad de los actos, según la jurisprudencia internacional.
La Defensoría del Pueblo concluye que el Estado no está cumpliendo con su obligación de investigar la denuncia de presunta tortura y señala directamente al fiscal Carmelo Laura Yujra por no llevar a cabo acciones que permitan al Ministerio Público cumplir con su deber de investigación.
En este sentido, se destaca en el documento que «el Estado está incumpliendo su obligación de investigar una denuncia de tortura, siendo que el fiscal Carmelo Laura Yujra no realizó ninguna acción que posibilite que el Ministerio Público cumpla con su deber de investigar el hecho, a pesar de las cinco oportunidades donde se le instó a que cumpla con la obligación estatal de investigar un hecho de presunta tortura».
Como parte de sus recomendaciones, la Defensoría del Pueblo insta a que se realice una investigación «pronta, imparcial y efectiva» sobre los hechos que afectaron la integridad física y psicológica de Apaza durante su aprehensión.
Además, se solicita un proceso disciplinario contra el fiscal Laura por no haber emitido un requerimiento fiscal oportuno para completar la evaluación médica del estado de salud de Apaza.
La Defensoría del Pueblo busca así asegurar que se lleven a cabo las acciones necesarias para esclarecer los hechos denunciados y garantizar el respeto a los derechos humanos de los ciudadanos, especialmente en casos de presunta tortura o tratos crueles y degradantes.